Enfrentamiento entre Iberdrola y Gobierno
Iberdrola lleva la Gobierno ante el Supremo por congelar el recibo de la luz. Solicita ante el alto tribunal medidas cautelares que podrían obligar al ejecutivo a subir el recibo de la luz
El pacto energético que negocian el Ministerio de Industria y el PP puede causarle más de un disgusto al Ejecutivo. Aún no ha echado a andar pero su primer acuerdo previo, la congelación del recibo de la luz en julio, acaba de aterrizar en los tribunales.
Según se ha podido saber, Iberdrola presentó el pasado jueves ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la Orden 1732/2010 que mantenía invariable la factura eléctrica a partir de este mes, pese a que el Ejecutivo había anunciado que la incrementaría un 4% además del alza del IVA. Sólo aplicó la subida del impuesto -un 2%- en un inesperado movimiento que alivió los bolsillos de los consumidores españoles pero castigó duramente en Bolsa a las compañías del sector que, además, fueron objetivo de advertencias por parte de las agencias de calificación crediticia. Las eléctricas tuvieron que purgar por la improvisación y la incertidumbre regulatoria de la decisión gubernamental, y las consecuencias no se han hecho esperar.
El recurso presentado en solitario por la eléctrica vasca reclama al Alto Tribunal la adopción de medidas cautelares, que pasan por la modificación de la orden emitida por Industria no hace ni quince días. Los abogados de la eléctrica centran su argumentación en que el Ejecutivo ha incumplido la Ley del Sector Eléctrico no tanto por congelar el alza de la electricidad sino porque en la orden utilizada para ello no reconoce al sector el déficit tarifario -diferencia entre los ingresos derivados del recibo y los gastos del sistema- generado sobre los 3.500 millones pactados para 2009.
La presunta vulneración legislativa se habría producido por cuanto la Disposición Adicional 21 en su apartado 2 establece que la Administración está obligada a reconocer el desfase tarifario generado que, según la liquidación 14 de la Comisión Nacional de Energía ascendió en 2009 a 1.116 millones. De este importe, el 35,01% o 390 millones son los que el Estado adeuda a Iberdrola y no habría reconocido.
Pero la denuncia de Iberdrola no acaba aquí. En su recurso acusa al Gobierno de cometer varios vicios legales. El primero es que la versión final de la citada orden ministerial fue dictada sin que la CNE informara sobre ella. El organismo regulador sólo informó de la versión inicial que establecía la subida tarifaria, pero no de la modificación posterior que congelaba el recibo. Precisamente, el secretismo con que Industria y el PP negocian el pacto energético ha levantado ampollas en parte del regulador energético.
En el primer consejo que celebró la CNE tras conocerse la congelación de las tarifas, varios vocales expresaron su malestar porque se estuviera tejiendo un profundo cambio regulatorio en el sector, al margen del regulador, al que ni Gobierno ni oposición han informado de las negociaciones.
La crítica más contundente se fundamentó en que la Comisión no hubiera informado de la orden definitiva, lo que ha consagrado en el sector la imagen de interinidad del organismo, pendiente desde hace dos años de la renovación de parte de su cúpula.
Y al no llegar al consejo de la CNE, la orden definitiva tampoco pasó por el Consejo Consultivo de Electricidad en el que participan las comunidades autónomas, compañías eléctricas, la propia Administración del Estado, consumidores, usuarios, y agentes sociales, lo que conforma otro de los vicios legales denunciados por Iberdrola. Para concluir el recurso, la eléctrica acusa a la orden ministerial de «claramente arbitraria».
Si el Supremo admite las medidas cautelares presentadas por la eléctrica, el Estado tendría que reconocer el desfase tarifario de 2009 y fijar el tipo de interés a aplicar a los 390 millones adeudados a Iberdrola. Tendría que aumentar los peajes de acceso que se pagan en el recibo de la luz para saldar sus cuentas como mínimo con la eléctrica